La Fiscalía Anticorrupción se pronuncia y se declara a favor de admitir las querellas contra el Popular presentadas por los Afectados y en línea con la vía iniciada por Eurojuris y Peraltalaw en la defensa de los Afectados.
El departamento que dirige Alejandro Luzón ha reclamado al juez instructor del caso, Fernando Andreu, que investigue la actuación de los dos últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho. Hasta ahora se han presentado acciones penales tras la quiebra del banco que abarcan un amplio catálogo de delitos, entre ellas acusaciones de estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida y hasta información privilegiada.
Según informan los medios de comunicación, la gran mayoría de afectados por el Banco Popular ha recurrido a la vía penal, al margen de que vayan a interponer demandas civiles o de que hayan recurrido la resolución del banco ante el Tribunal de la UE. El motivo de hacerlo es que de esta manera se interrumpe la prescripción. Además, las condenas penales llevan aparejada la responsabilidad civil, es decir, la devolución del dinero, de la que tendría que hacerse cargo el Banco Santander.
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